A través de una carta remitida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, el gabinete de seguridad advirtió que inhabilitar la prisión preventiva oficiosa representa riesgos para el país: una amenaza para la seguridad nacional, para la tranquilidad de la población, afectación irreparable de los derechos humanos, generará una extrema vulnerabilidad al personal de las policías, las fiscalías y los juzgados, así como la saturación del sistema de procuración e impartición de justicia.
